Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que impone, a una funcionaria de correos, una sanción de suspensión de funciones de quince días por la comisión de una infracción grave. Caducidad: El plazo se computa desde el acuerdo de incoación hasta la notificación de la sanción, es decir, desde el 18 de julio de 2019 (incoación) hasta el 20 de agosto de 2020, por lo que se ha excedido el plazo de doce meses, pero ha de tenerse en cuenta que los procedimientos quedaron automáticamente suspendidos por la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia COVID 19; durante este periodo se suspende el cómputo del plazo, y finalizada la suspensión, debe añadirse al día final del cómputo el número de días naturales de suspensión. Presunción de inocencia. prueba de cargo existente. Tipicidad de la infracción: existencia. En cuanto a la sanción impuesta, la propuesta de resolución proponía sanción de suspensión de cinco días, mientras que la resolución sancionadora impuso quince días. Cabe imponer una sanción distinta a la propuesta, siempre que la relación de hechos se mantenga, la calificación de la infracción (leve, grave o muy grave) no se modifique y la sanción sea una de las previstas por la Ley, que es lo que aquí sucede, pues manteniendo la misma declaración de hechos probados, y la misma calificación de infracción grave, la sanción es una de las previstas por la ley, pues por infracción grave cabe suspensión de funciones de hasta tres años. Desestimación del recurso.
Resumen: Determinar si durante la ejecución de un contrato administrativo de servicios, cuando el contratista solicita la suspensión total y no la ampliación del plazo que establece el artículo 34.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19, la administración puede aplicar la regla general de prórroga del artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si considera que existe la posibilidad de realizar la prestación de resultado y que se mantiene el interés general en su ejecución.
